Los comentarios y reclamos por parte de los usuarios en Internet, así como de los demás partidos políticos no se hicieron esperar, argumentando que detrás de dichas publicaciones estaba el PVEM quien había instado y pagado a los Influencers a promocionar el partido y/o a invitar al público a votar por los candidatos que representaba el mismo; aún y cuando algunos de estos Influencers argumentaron que ellos no recibieron pago alguno y únicamente se limitaron a expresar su opinión política en sus redes sociales, sin tener en cuenta y/o conocer que se encontraba prohibida tal situación por la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Como es del conocimiento público, actualmente la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FEDE) inició las carpetas de investigación correspondientes, a fin de determinar si los Influencers recibieron algún pago por parte del PVEM a cambio de realizar las publicaciones aludidas en sus redes sociales.
Lo anterior ha demostrado la importancia de que los Influencers sean conscientes que sus publicaciones tienen implicaciones jurídicas, cuyo desconocimiento no los exime de su cumplimiento, pues ellos al igual que el resto de la sociedad, son sujetos de la observancia del marco jurídico en México, incluyendo las disposiciones previstas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De haber contado los Influencers con una debida asesoría jurídica, se hubieran percatado que su expresión política dentro de la veda electoral tenía consecuencias legales, y más si había un pago de por medio.
Por lo anterior, es importante que los Influencers, tengan en mente que no sólo las publicaciones relacionadas a materia electoral tienen consecuencias jurídicas, sino cualquier otra publicación que realicen, pues éstas pueden vulnerar entre, otras cuestiones, las obligaciones contractuales que han pactado con algún tercero y los derechos de propiedad intelectual de terceros, tales como marcas, derechos de autor, derecho de imagen de otras personas, etc.