Según el documento “Proyectos del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica”, que se filtró recientemente, la autollamada cuarta transformación dispondría de una aerolínea con una flota aérea reducida, con aviones pequeños, vuelos nacionales, para luego expandirse hasta 60 aviones, en un lapso de cinco años.
También se estima que nazca una cooperativa en la que participen los empleados y los inversionistas. La nueva empresa emplearía a trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación, prevé iniciar sus vuelos en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía con tres aviones, de los cuales aún no está definido de qué fabricante serían. La fecha límite para materializar el proyecto de la línea aérea es el 31 de diciembre de 2023.
Por lo pronto, el gobierno acordó con líderes sindicales la compra de la marca Mexicana y los activos que quedaron de la empresa que se declaró en quiebra en 2014. Sin embargo, los estudiosos del sector sostienen que existe una amplia colección de inconvenientes e incógnitas que, en caso de materializarse, perturbarían el mercado de la aviación civil.
En primer lugar, vale la pena observar el entorno en el que se ha desenvuelto el sector en los últimos años. La aviación mexicana está pasando y saliendo de la crisis más grande que ha tenido en toda su historia. La pandemia por COVID-19 marcó a las aerolíneas comerciales y ahora la demanda de vuelos se está recuperando y va al alza.
Así, antes de pensar en una aerolínea, los analistas sostienen que lo primero por hacer es poner en orden la casa, lo que significa recuperar la Categoría 1 otorgada por la FAA (Federal Aviation Administration, por sus siglas en inglés), para recuperar e incrementar el número de vuelos a Estados Unidos y, además, poder abrir nuevas rutas desde el AIFA hacia cualquier aeropuerto de nuestro primer socio comercial.
En cuanto a la nueva aerolínea, las primeras dos variables que preocupan tienen que ver con la gestión de ésta, bajo el cobijo del gobierno y administrada por el Ejército. Las dos cosas son un problema.
Primero, si bien muchos países cuentan con aerolíneas del Estado, México carga con una historia que impide alimentar el optimismo. Dadas las experiencias con Aeroméxico y Mexicana cuando eran propiedad del Estado, se piensa de manera fundada que el gobierno no es un buen empresario. Dicho lo anterior, los antecedentes despiertan el pronóstico: los mexicanos tendríamos una nueva empresa para mantener.
En segundo lugar, la intervención militar desata todos los demonios. Los militares no están familiarizados con la manera en que se mueve la aviación civil. Su función es estrictamente militar, no hacer negocios. Para los pilotos militares hay misiones, no vuelos con pasajeros civiles.
De acuerdo con una fuente militar consultada, el Ejército está para obedecer las órdenes presidenciales. En este caso, sería el único Ejército en el mundo que tendría una aerolínea comercial. Pero al interior de las fuerzas castrenses se reconoce que esto es inoperante porque, también, El ejército no está para poner en riesgo las vidas civiles. Así, se esperaría mantener el control de esta aerolínea solo en una primera etapa.
Por otro lado, una aerolínea del gobierno causaría distorsiones en el mercado y podría poner en desventaja a otros jugadores. ¿Qué tarifas ofrecería? Si su intención es bajar precios, eso significaría subsidiar el servicio. ¿Con qué presupuesto? ¿Con los impuestos?
