Estas sanciones, sumado a la conformación de la tarifa que debe pagar la CFE por los contratos, han causado escozor dentro de la actual administración de la estatal, que considera inequitativo y también injusto pagar por una infraestructura que, al final, no terminará en su poder.
Sin embargo, la empresa estatal no ha desvelado cómo pretende combatir estas cláusulas o los cambios que busca dentro de esta negociación, que inició como una crítica directa y pública a principios del año.
La historia detrás del despliegue de esta infraestructura, que en su momento se valuó en una inversión de 12,000 millones de dólares (mdd), deja ver que había una lógica para incrementar las importaciones del gas natural barato desde Estados Unidos, disminuir el poder monopólico de CFE y ampliar las fuentes de suministro de energéticos, defienden ex funcionarios de anteriores administraciones.
Lee: Así son los gasoductos “leoninos”…que sí quiere la CFE.
Los siete ductos sobre los que la eléctrica nacional interpuso recursos de arbitraje internacional forman parte de un plan diseñado desde 2012 por la administración de Felipe Calderón, pero que se desplegó en su gran mayoría en el sexenio de Enrique Peña Nieto.