Según las fuentes, los funcionarios de Estados Unidos, Canadá y Europa expresaron en privado su preocupación de que la postura energética de México está erosionando las bases legales de los contratos de miles de millones de dólares firmados bajo la administración previa.
El gobierno de México niega que esté socavando esos acuerdos, pero ha afirmado en repetidas ocasiones que los contratos hechos a raíz de la reforma energética "dañaron al país", por lo que ha tratado de renegociar los términos de algunos de ellos. Eso no les ha gustado a los países de origen de las petroleras privadas que firmaron los contratos.
En una reunión organizada por la embajada estadounidense el viernes en la mañana en Ciudad de México, diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos abordaron sus inquietudes y la mejor manera de transmitírselas a López Obrador, según cinco personas familiarizadas con el encuentro. Cuando se le pidió un comentario, la embajada de Estados Unidos respondió a Reuters que no discute públicamente sus conversaciones diplomáticas. Ni las otras embajadas ni la oficina de López Obrador contestaron a solicitudes de comentarios.
Todas las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, debido a la sensibilidad del asunto.
Lee: Los bonos de Pemex se desploman en medio de la crisis petrolera internacional
Los diplomáticos dijeron que los distintos gobiernos difirieron sobre la necesidad de comunicar abiertamente sus quejas al mandatario mexicano, para que no sienta que lo están presionando y termine adoptando un enfoque todavía más rígido.
López Obrador se ha comprometido a fortalecer el papel del estado en el sector energético, argumentando que la liberalización del mercado y la privatización de otras industrias en el pasado profundizaron la desigualdad crónica en México y alentaron la corrupción. Su proteccionismo, sin embargo, impactó a la inversión en México el año pasado y contribuyó a una desaceleración que llevó a la economía a una leve recesión.
Las empresas de todo el mundo se habían comprometido a invertir miles de millones de dólares en México tras la reforma energética del gobierno de Peña Nieto, que abrió la exploración y producción de petróleo a la inversión privada. López Obrador criticó y frenó esa reforma, argumentando que no ha producido beneficios para México.
