La consulta que se realizó este fin de semana entre los habitantes de Mexicali, Baja California, cerró con un 'No' a la planta que Constellation Brands construye en la ciudad. La inversión de 1,400 millones de dólares se detendrá en seco: la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no dará los permisos restantes para su operación y el gobierno entrará en pláticas con la empresa para analizar opciones para subsanar el daño.
Esta es una de las decisiones sobre proyectos que el gobierno ha puesto en manos de la ciudadanía. Así sucedió con el Tren Maya, donde habitantes regionales votaron por el 'Sí' a su construcción, pero mientras esta obra tiene luz verde, otras se detuvieron y, con ello, la inversión que involucraban. Aquí las más recordadas.
La administración de Andrés Manuel López Obrador arrancó con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a través de un proceso que comenzó con una consulta pública realizada en octubre de 2018, y que tras casi un año de negociaciones, derivó en liquidaciones que sumaron 75,223 millones de pesos (mdp).
Según datos de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el proyecto iba a construirse con la firma de 692 contratos, que sumaban 189,634 mdp. De este monto, hasta diciembre de 2018 –cuando se suspendieron las labores del aeropuerto– se habían realizado obras por 60,291 mdp, además de gastos no recuperables por 14,932 mdp.
La SCT estima que del monto liquidado total de 72,223 mdp existe la oportunidad para recuperar alrededor de 4,000 mdp en materiales y equipo que ya se habían comprado, y que se utilizarán en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía.
La llegada del gobierno de López Obrador avecinaba un giro casi total en la política energética del país, debido a la crítica frontal que abanderó el político tabasqueño a la Reforma Energética desde 2013. La administración ha prometido desde finales del año pasado mostrar una lista amplia de proyectos que impulsarán al sector energético, pero que su presentación se ha pospuesto en diferentes ocasiones, y sigue sin dar señales de aparecer pronto.
El gobierno decidió suspender las rondas petroleras que iban en su tercera edición, y donde se tenían contemplado realizar la segunda licitación (la 3.2) justo a inicios de su gobierno. Las asociaciones con Pemex, conocidos como farmouts, también quedaron borradas del mapa, para que toda la atención y recursos se encaminaran a los contratos de servicios, un esquema atractivo para pequeñas y medianas empresas, pero en que las grandes petroleras internacionales quedan casi excluidas.
El freno a las rondas petroleras ha dejado en el limbo 104,400 millones de dólares (mdd) para los siguientes 20 años, debido a que aún no queda claro si se reanudarán estos procesos, según un estudio de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI).
La incertidumbre también sobrevuela uno de los proyectos más exitosos de estas licitaciones, el que lidera la petrolera estadounidense Talos Energy, debido a que Pemex ha mostrado su determinación para controlar el yacimiento que se encuentra debajo de los campos Zama (de Talos) y Asab (de Pemex). La firma estatal quiere quedarse con su desarrollo a pesar de que aún no cuenta con los estudios ni perforaciones que requiere para sustentar su intención de manejarlo, algo que ya hizo Talos.
Pero los cambios no se limitaron al sector del petróleo y gas, y también fulminaron al eléctrico que en 2019 esperaba la tercera subasta de largo plazo, un mecanismo que durante el sexenio pasado permitió el compromiso de invertir cerca de 8,600 millones de dólares (mdd) en proyectos de energía solar y eólica en su mayoría. El segmento de las renovables también se vio afectada por la decisión de la Secretaría de Energía (Sener) de modificar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), un tema que aún se litiga en tribunales .
El equipo en materia energética de López Obrador también decidió suspender los procesos de licitaciones para la construcción de dos líneas de transmisión, una entre el sur y centro del país y otra para conectar a la península de Baja California con el resto del país, sin definir aún cómo se sustituirá esa inversión por parte del gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La SCT dio por terminado el concurso público internacional para la proveduría de servicios mayoristas de telecomunicaciones a través de fibra óptica de la CFE. El proyecto buscaba aportar 25,000 kilómetros de fibra óptica oscura de la CFE y acceso a sitios de interconexión para que la empresa que diera el servicio efectivo de internet.
La adjudicación de dos hilos de fibra óptica oscura pondrían en operación una Red de Telecomunicaciones para brindar acceso gratuito a internet en diversos sitios. Pero el gobierno creó CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos para ofrecer servicios de telecom a través de una red pública, con lo que las licitaciones se cancelaron para empresas privadas.
*Con información de Juan Tolentino y Édgar Sígler
