Sudamérica se prepara para un año de reconstrucción tras un duro 2020

Esa nueva agenda social disparó en Sudamérica múltiples efectos que van demandas crecientes por una mayor renovación política en Perú, Argentina, Colombia y Ecuador hasta la aceleración del proceso de cambio institucional en Chile, pasando por un inesperado giro económico en Brasil. Bajo esas condiciones, los países sudamericanos deberán emprender el año próximo la dura tarea de la reconstrucción.

Lee

Economía

América Latina impulsa impuesto a la riqueza para vacuna gratuita contra COVID

Tras una caída del PIB de Sudamérica proyectada en 7.3% para este año, en 2021 se espera un rebote parcial del 3.7%, según la última actualización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

"El crecimiento de China, que se estima será del 8,1% el año próximo, beneficiará sobre todo a Sudamérica en la región", dice Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de Cepal, en Santiago. "Sin embargo, eso no alcanzará para recuperar todo lo perdido este año y, de hecho, gran parte del crecimiento proyectado para 2021 en Sudamérica se dará solo por un rebote estadístico".

Perú y Argentina, los países con el camino más complicado

Sin incluir a la ya deprimida economía venezolana —según la consultora Ecoanalítica, al cierre de 2020 el PIB será un 67.6% menor al de 1999, año en que el chavismo accedió al poder—, los mayores derrumbes se registraron en Perú y Argentina. Si bien el país andino asignó el 20% del PIB a un plan de contención para mitigar los efectos de la pandemia, la economía caerá este año en torno al 13%, el mayor descenso de los últimos 100 años.

El derrumbe no solo quebró una expansión promedio del 4.8% registrada entre 2000 y 2019 —una de las tasas más elevadas de América Latina en ese período —, sino que puso sobre la mesa las asignaturas pendientes que persisten en el país pese al crecimiento macroeconómico de las últimas dos décadas.

Recomendamos

Economía

China pone en la mira a América Latina para fusiones y adquisiciones de empresas

La más notoria es la insuficiente inversión que Perú destina a la salud pública: el presupuesto estatal ronda el 3% del PIB, la mitad del nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese déficit histórico, en un contexto en que el 70% de la población económicamente activa es informal y la subsistencia familiar depende de los ingresos que se obtienen a diario, convirtió a Perú en el país con más muertes por millón de habitantes por coronavirus en América Latina.

Ese escenario dio más impulso a la siempre latente inestabilidad institucional en Perú. A mediados de noviembre, las recurrentes turbulencias políticas que sufre el país llegaron a su punto máximo con la sucesión de tres presidentes en apenas ocho días. Finalmente, la llegada al poder en forma interina de Francisco Sagasti, un parlamentario del centrista Partido Morado, parece haber calmado las aguas con vistas a las elecciones presidenciales del 11 de abril.

Lee

Internacional

Francisco Sagasti, el responsable de terminar con la crisis política en Perú

"Hay un equilibrio bastante frágil dado que las bancadas que promovieron la desestabilización del presidente Martín Vizcarra ya olvidaron rápidamente las consecuencias de lo que pasó en noviembre", dice el analista político José Incio Coronado, de la Universidad de Pittsburgh.

"En ese contexto, hay cerca de 20 candidatos corriendo para las elecciones presidenciales, pero ninguno de ellos tiene más del 15% de las preferencias: hay un hartazgo de la población con la élite política y al no haber identidades partidarias fuertes, la elección se definirá en los últimos días".

En todo caso, el costado positivo es que el proceso electoral se llevará a cabo con una economía que promete rebotar con fuerza. BBVA Research estima que el PIB de Perú crecerá 10% en 2021.

Lee

Internacional

6 razones por las que Perú tiene la mayor mortalidad del mundo por COVID-19

En cambio, la recuperación promete ser más moderada en Argentina. Tras la caída del 10.9% estimada para este año, la economía crecerá 4.8% en 2021, de acuerdo el promedio de las proyecciones de analistas y consultores recopiladas por el Banco Central. Pero ni siquiera esa recuperación parcial está asegurada ante los desafíos que enfrenta el gobierno de Alberto Fernández.

Sin ahorro fiscal ni acceso a los mercados de deuda, el gobierno argentino financió este año las medidas de asistencia para intentar moderar los efectos de la pandemia con una extraordinaria emisión de pesos por parte del Banco Central.

En abril y mayo —meses en que las restricciones a la movilidad alcanzaron el pico—, el nivel de emisión monetaria equivalió a más del 80% de la recaudación tributaria. Esa abundante emisión, en un país en que el peso argentino no es una reserva de dólar, impulsó con fuerza las expectativas de devaluación.

El gobierno de Alberto Fernández se resiste a convalidar una depreciación brusca del peso en un país en que la mayoría de los precios de los alimentos y de los insumos para la producción industrial está atada al valor del dólar.

Lee

Internacional

Argentina aún no logra escapar de su laberinto económico

Pero, para alcanzar ese objetivo, necesita avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita reprogramar los 44,000 millones de dólares otorgados por el organismo al país entre 2018 y 2019. Tanto una devaluación brusca como el ajuste fiscal y monetario necesario para evitarla podrían ahogar la recuperación esperada para el año próximo.

El giro económico de Brasil

También en Brasil crecen las dudas sobre la economía post pandemia. El gigante sudamericano está recuperándose más rápido que lo esperado. En los últimos cinco meses las consultoras vienen recortando sus previsiones de caída del PIB para este año: mientras a fines de junio el promedio de los pronósticos recopilados por el Banco Central estimaba una contracción del 6.5%, a mediados de diciembre la caída esperada ya era de un 4.4%. Para 2021, la expectativa de los analistas es que el PIB crezca 3.5%.

Sin embargo, esas previsiones están supeditadas a cuál será el rumbo que finalmente adopte el gobierno de Bolsonaro. Ante la irrupción de la pandemia, la austeridad fiscal impuesta durante el primer año de gobierno por el ministro de Economía, Paulo Guedes —un economista ortodoxo formado en la Universidad de Chicago —, dio paso a un vertiginoso aumento del gasto público.

Buena parte de esas erogaciones correspondió a una medida que marcó un quiebre en el gobierno de Bolsonaro: el otorgamiento de un auxilio de emergencia de 600 reales (110 dólares) al mes para todas las personas que perciban hasta medio salario mínimo y de 1,000 reales (220 dólares) en el caso de las mujeres “jefas de hogar”. Ese beneficio, que comenzó a ser otorgado en abril, alcanza a 67.2 millones de personas en todo el país, algo nunca antes visto en Brasil en términos de magnitud ni de alcance.

El giro de Bolsonaro, quien históricamente había rechazado cualquier programa de asistencia social o transferencia de ingresos, incrementó sus índices de popularidad, pero la contracara de esas medidas es que el déficit fiscal pasó del 1% del PIB en 2019 al 9.6% este año y la deuda pública saltó del 75.8% del PIB al 90.6% en el mismo período.

Ante ese panorama, la duda de los analistas es si Bolsonaro mantendrá un gasto social elevado para estimular el consumo –y, con eso, incrementar sus niveles de popularidad de cara a las elecciones presidenciales de 2022- o retrocederá a su original agenda de ajuste. La respuesta a esa pregunta marcará buena parte del rumbo económico de Brasil en el próximo año.

Chile impulsa sus cambios institucionales

Junto con los esfuerzos para reanimar a las economías, en Sudamérica también asoman procesos de cambios institucionales que se consolidarán el año próximo.

En ese aspecto, buena parte de las miradas estarán puestas sobre Chile. Luego del amplio apoyo a la redacción de una nueva Constitución expresado en el plebiscito del 25 de octubre pasado, el 11 de abril del año próximo se desarrollarán la elección de los constituyentes.

El consenso mayoritario en Chile no solo pasa por dejar atrás la actual Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, sino por brindar una respuesta institucional a la creciente demanda social por una mayor igualdad. En esa línea, el interrogante es hasta dónde llegarán los cambios frente a la actual Constitución, que es percibida por buena parte de la sociedad como una camisa de fuerza que la dictadura de Pinochet legó a la democracia.

"Si hay un término que define al 2021 en Chile es incertidumbre", dice el analista político Kenneth Bunker, director del sitio web de análisis electoral TresQuintos, en Santiago de Chile. "Hay un escenario abierto: dentro de un contexto social en que hay una demanda por más derechos y con una pandemia que hizo notorio el rol del estado, es evidente un corrimiento del sistema político hacia la izquierda".

Mientras Chile avanza hacia mayores canales de participación ciudadana, en Venezuela los grifos se cierran cada día más. Las controvertidas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado —no fueron reconocidas por la Unión Europea ni por Estados Unidos ante un cúmulo de irregularidades— provocaron un cambio institucional profundo: la Asamblea Nacional dejó de ser controlada por la oposición y pasó a manos del gobierno de Nicolás Maduro. La caída del único contrapeso institucional a un régimen que viene profundizando sus rasgos autoritarios abre más interrogantes sobre cómo evolucionará el proceso venezolano.

Brasil, Argentina, Perú, Chile y Venezuela tienen por delante un año clave para definir su rumbo. A eso se suman las elecciones presidenciales del 7 de febrero en Ecuador en las que competirán el centroderechista Guillermo Lasso y Andrés Aráuz, el candidato respaldado por el expresidente Rafael Correa. Luego de un 2020 que dejará profundas heridas sociales, Sudamérica se alista para encarar un año de reconstrucción. La tarea no luce sencilla