El presidente ha sugerido desechar la medida del PIB, junto con el concepto de crecimiento económico, por ser demasiado materialista, y enfocarnos mejor en lo espiritual, en el desarrollo, el bienestar y la felicidad del pueblo. Dado que parece haberse quedado atorado en la década de los 70’s en su visión del mundo, no es de extrañar que no esté informado que los esfuerzos por complementar el PIB con otras medidas de bienestar social no son ninguna novedad.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo calcula un Índice de Desarrollo Humano desde principios de los 90’s. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) tiene un Índice para una Vida Mejor, que se muestra en una página de internet interactiva donde se puede jugar con el peso que se le da a sus distintos componentes, como acceso a vivienda, educación, salud e inclusive, sí, hasta la satisfacción ante la vida.
Existe ya, inclusive, un Índice de la Felicidad, publicado también por las Naciones Unidas, basado en el reporte subjetivo de felicidad de los encuestados en comparación con una hipotética felicidad máxima. Para no inventar el hilo negro, el presidente podría estudiar lo implementado por Bután, pequeño país asiático, donde desde hace años se evalúan las políticas públicas de acuerdo a su impacto no en el Producto Interno Bruto, sino en la “Felicidad Nacional Bruta”.
Es verdad que el PIB es una medición limitada (todas lo son de alguna u otra manera). En todo caso, la crítica más válida que se le puede hacer no es lo que no incluye, sino lo que sí. Cuando se calcula el PIB por el lado del gasto, es decir, de la demanda agregada, se suma lo gastado por el gobierno al consumo de las personas, así como a la inversión llevada a cabo por las empresas y a lo que producimos para los mercados extranjeros (neto de lo que compramos del exterior).
Aunque el gasto público es necesario para que el Estado pueda proveer los bienes públicos necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad, primordialmente la impartición de justicia y la protección a los derechos fundamentales como la vida y la propiedad, una gran parte de lo que gasta el gobierno es desperdiciado en burocracia, programas clientelares, inversión improductiva y producción de bienes y servicios que no son valiosos para la sociedad.
