Gobierno mexicano dejó de pagar licencias de software desde 2018
La línea es delgada en muchos sentidos y los peligros mayores no se quedan aquí, ya que dejan en exposición a personas que no ofrecen servicios de contacto sexual en persona, pero sí su pack. Mencionaré algunos de los mayores peligros:
1. Al dejar en claro una exposición de las características de identificación biométrica de persona ya identificada en fotos y/o videos donde se muestra el cuerpo desnudo, rostro, factores que suman como lunares o tatuajes, sabemos con ello de quién se trata específicamente, no sólo por su nombre de usuario.
2. Algunas redes sociales eliminan los metadatos (datos dentro de las imágenes y/o videos) de los archivos subidos o enviados por sus canales de mensajería, sin embargo, existen diversas técnicas para lograr trazar la ubicación física exacta de la persona que vende packs, mayor exposición.
3. El contenido de la persona vendedora, al ser enviado voluntariamente a una persona consumidora, puede salir de su control, y con ello ser difundido en sitios ajenos, con cualquier persona.
4. Al no lograr muchas veces comprobar la edad real de una persona en redes sociales, podríamos caer en que es un/a menor de edad y con ello se cumple el supuesto de pornografía infantil, delito mayor.
Podríamos debatir sobre la licitud y derechos digitales de una persona, la libre expresión, creación y consumo de contenidos, pero el punto medular es toda la problemática que esta práctica puede generar, así como hablamos de la facilidad de obtener ganancias motivadas por el morbo de las personas consumidoras, estas últimas atraídas muchas veces por rasgos faciales, que desconocen si están fomentando alguna práctica de financiamiento a la trata de personas.
Hacer hincapié en tener una conciencia digital para identificar peligros en ambas vertientes (persona que vende-persona que consume), se vuelve una prioridad, ante una sociedad desensibilizada, que paga por contenidos sin saber qué implican o desconocen qué hay detrás.
La venta de packs es el mero reflejo de lo que se está viviendo en el mundo real, en donde la prevención digital se queda corta. Cuando la necedad justificada de necesidad es el argumento que abandera la causa, los esfuerzos se reducen a ver cómo se derivan afectaciones y es más complejo subsanar lo que se pudo haber evitado.
Nota del editor: Carlos Ramírez Castañeda es especialista y apasionado por el Derecho Informático, particularmente en ramas de Ciberseguridad, Cibercriminalidad y Ciberterrorismo. Tiene un Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Santiago de Compostela España, Doctor en Administración y Políticas Públicas de México. Es colaborador de diversas instituciones académicas y gubernamentales, profesional siempre interesado en temas de ciberprevención particularmente con sectores vulnerables. Síguelo en Twitter como @Ciberagente . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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