El Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil será inútil para prevenir delitos

De acuerdo con la iniciativa, el padrón se constituirá de información como el número de la línea telefónica, fecha y hora de su activación con la tarjeta SIM, el nombre del usuario, su nacionalidad y la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Asimismo, contendrá los datos biométricos del usuario y su domicilio. Además, los concesionarios deberán suministrar información sobre el esquema de contratación (prepago o pospago), información de las altas o bajas de las líneas, cambios de propietarios, robos o extravíos.

Para Luis Fernando García, director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), un padrón de estas características será “inútil” para combatir la delincuencia, pues desde su punto de vista, “la delincuencia cuenta y contará con muchas alternativas para burlar al padrón”.

En esto también coincidió la abogada especialista en temas de cibercriminalidad, Cynthia Solís, quien recordó el caso del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil implementado, el cual fracasó tras un par de años de su implementación.

García, por su parte, calificó a este padrón como “riesgoso”, debido a que el repositorio contará con datos de personas que no son delincuentes, mismas que estarán vulnerables, pues su información estará concentrada de manera centralizada, lo cual la hace susceptible a filtraciones masivas.

Sobre este asunto, Solís manifestó su preocupación por la privacidad y protección de datos personales: “Cómo nos van a garantizar que, efectivamente, esas bases de datos serán correctamente resguardadas, que tengan medidas de seguridad acordes y robustas, que se cumplan con todos los principios contemplados en la Ley Federal de Protección de Datos Personales”.

La especialista también centró su atención en los vacíos de la iniciativa, pues destacó que en el dictamen no se definió qué tipo de datos biométricos se van a solicitar a los usuarios para su registro.

Durante la discusión del dictamen en el pleno, el senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón, resaltó el peligro que corren los usuarios al perder su dispositivo, pues este puede ser utilizado para cometer los ilícitos o que suplanten su identidad.

“En ambos casos, la persona que ha sido registrada será la titular de esa línea telefónica y si se comete un delito, la persona podrá ser señalada como la probable responsable de la comisión del delito”, puntualizó Castañón.

Acerca de esto, Solís habló de una doble victimización para los usuarios, porque por un lado “hemos sido víctimas de la delincuencia cuando, por ejemplo, nos roban el teléfono celular o nos clonan la tarjeta SIM y, por el otro, debemos enfrentar una imputación en caso de que usaran nuestra línea para delitos como extorsión”.

Por otra parte, el miembro de la R3D señaló el peligro de que a esta base de datos también tendrán acceso autoridades de nivel federal “sin ningún tipo de control judicial o mecanismo de supervisión”.

Para el activista por los derechos digitales, un punto relevante sobre esta discusión es lo cerrada que fue, pues sólo hubo una diferencia de seis puntos e incluso algunos senadores de Morena, como Nestora Salgado o Napoleón Gómez Urrutia, se abstuvieron a votar a favor de la iniciativa.

Cabe recordar que este padrón estará a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un aspecto relevante, pues este organismo ha mencionado que su implementación implicaría pérdidas económicas al no contar con una infraestructura técnica apta. “Esto pone más en riesgo la privacidad de los datos, además de que la postura del IFT no da garantías de que este padrón se vaya a desplegar pronto”, puntualizó García.

Debido a que la medida será obligatoria, a todas aquellas personas que no registren su línea telefónica se les dará de baja el servicio. Por ello la Relatoría para la Libertad de Expresión de la ONU ha advertido que este tipo de medidas “comprometen el derecho a comunicarse de manera anónima y facilita el monitoreo de la población”.