La CFE pagó cerca de 5,800 millones de pesos el año pasado por infraestructura que no estaba terminada debido a las llamadas cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito. Estas cláusulas señalan que el gobierno debe pagar cuando se demuestre que los proyectos están detenidos por cuestiones sociales, ambientales o políticas
En agosto de 2017, IEnova aplicó esta clausula por un conflicto con las comunidades Yaqui, que se ubican en la trayectoria de este tramo de ducto -que forma parte del gasoducto de Sonora- y que está sin operar desde entonces.
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IEnova logró una victoria hace unas semanas, luego de que los integrantes de la comunidad perdieron el amparo que habían interpuesto contra el proyecto; sin embargo aún tienen la posibilidad de apelar esta decisión.
“La cláusula de fuerza mayor derivada de este evento llegará a los dos años, que es el tiempo límite. Por eso queremos seguir las conversaciones con CFE para extender este tiempo, porque vamos a continuar teniendo un evento de fuerza mayor aquí”, explicó Tania Ortiz, directora general de IEnova, en conferencia con inversionistas para hablar de su reporte trimestral.
La petición se da en medio de un conflicto entre la Comisión, que dirige Manuel Bartlett, y las empresas transportistas de gas natural, justo por considerar que este tipo de cláusulas son desventajosas para la eléctrica nacional.