La unificación (unitización) de campos es una práctica común a nivel internacional entre empresas petroleras, aunque Pemex y el consorcio de Talos están enfrentando el primero de este tipo en México, por lo que aún no queda claro las consecuencias reales que pudiera llevar tanto un acuerdo positivo como un rechazo, dice Pablo Medina, vicepresidente de la consultora Welligence Energy.
Medina explica que las inversiones suelen repartirse con base en cuánto le toca a cada parte del campo. "Y un campo como Zama va a requerir de varios millones de dólares. No es que Pemex los tenga, así que será clave saber si va a tener la capacidad financiera en caso de querer operarlo”, dice.
Manuel Cervantes, socio del despacho MCM, considera que existe la posibilidad en la regulación de que las empresas pidan una extensión del plazo para definir los términos, una vez que los primeros dos años del acuerdo preliminar de unificación se cumplan –en septiembre de 2020-, debido a que Pemex no ha mostrado avances materiales del lado de su asignación. Además son procedimientos muy largos en la práctica.
“No creo que estemos ni remotamente cerca de la culminación del acuerdo preliminar de 'unitización'. Faltan muchas etapas, y puede tener mucho que ver el avance que tengan ambas partes. En el caso de Pemex, es algo que no ha hecho significativamente, por lo que sabemos”, dice Cervantes.
Los lineamientos para la 'unitización' de campos prevén que el regulador sectorial ofrezca una opinión técnica sobre los planes de las empresas, que al final debe avalar la Secretaría de Energía (Sener), explican Diego Campa y Bernardo Cortés, consultores de Dentos, López, Velarde.
Uno de los problemas con estas reglas es que crean un posible conflicto de interés en caso de un desacuerdo debido a que la Sener cuenta con un asiento dentro del Consejo de Administración de Pemex, apunta Campa.
“Ese quizá es el tema medular de la discusión, porque la cabeza de Sener está en el Consejo de Administración de Pemex, y pudiera existir un conflicto de interés donde a Sener le interesara que su ‘hija’ Pemex operara el campo”, dice el especialista.
Bajo este argumento, puede abrirse la opción para los privados de impugnar la resolución de la Secretaría, que tiene la última palabra, abriendo la posibilidad a acudir tanto a tribunales nacionales como a un arbitraje internacional, añade Cortés.
Además, una resolución apresurada por parte de la Sener o sin una sólida justificación técnica y económica para determinar al operador del campo Zama, en caso de desacuerdo, puede provocar un serio clima de incertidumbre para los demás operadores privados, y para futuras inversiones en el sector, advierte Cervantes.
“Zama es un caso muy sonado por muchas razones, pero dado el número de asignaciones de Pemex y cómo fueron delimitadas geográficamente éstas en la Ronda Cero, así como las áreas contractuales de las Rondas de CNH que son adyacentes (más por criterios administrativos que técnicos), se pudieran ver estos escenarios en otros casos”, apunta.
La administración de López Obrador, junto con la titular de la Secretaría de Energía Rocío Nahle, han apoyado abiertamente a Pemex para que la compañía salga de sus problemas de deuda y pueda incrementar su producción petrolera, al tiempo que han frenado las rondas petroleras. El gobierno promete llevar la producción petrolera del país a más de 2.6 millones de barriles promedio diario al final del sexenio, desde los casi 1.7 millones que promedia en la actualidad.