La negociación posbrexit entre Londres y Bruselas todavía no ha comenzado pero el gobierno de Boris Johnson ya dejó clara su posición el jueves: rechazará alinearse con las reglas de la Unión Europea y podría abandonar las conversaciones en junio si no ve avances.
Tras la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea (UE) el 31 de enero , ambas partes deben emprender el lunes la segunda, y más compleja, fase de negociación: la de su futura relación comercial.
El objetivo de Londres es obtener "libertad regulatoria" frente a las normas de la UE y un acuerdo aparte para el sector pesquero en sus próximas negociaciones con el bloque para un acuerdo comercial, declaró este jueves el ministro Michael Gove al exponer las prioridades ante el Parlamento.
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Se trata de alcanzar un acuerdo de libre comercio que Londres desearía fuese tan amplio como el que los 27 tienen, por ejemplo, con Canadá.
En su intervención ante los diputados, Gove reiteró que el Reino Unido aspira a conseguir un acuerdo similar al de Canadá, Japón y Corea , que no requieren una alineación estricta con la normativa comunitaria, y promoverá "una relación de amistad entre iguales soberanos".
El ejecutivo británico publicó el jueves el documento con sus directrices negociadoras, dos días después de la aprobación por la UE de su propio mandato para unas complejas conversaciones que comenzarán en Bruselas antes de trasladarse a Londres a finales de mes.
El ejecutivo sopesará abandonar la negociación en junio si para entonces no se han consensuado las líneas generales del pacto, según indica el documento gubernamental sobre la posición negociadora ante la UE.
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En el documento oficial de 30 páginas, se indica que el Gobierno "no negociará disposiciones en las que el Reino Unido no tenga el control de sus leyes y vida política".
Bruselas, que teme encontrarse con un poderoso competidor desleal a sus puertas, ya advirtió de que el corto periodo de tiempo previsto —Johnson se niega a ampliar el periodo de transición más allá de finales de año— no permitirá alcanzar un acuerdo completo.
En él, a cambio de un amplio acceso al mercado único europeo, los exsocios de Johnson exigen que el Reino Unido respete reglas a largo plazo en materia de subvenciones estatales, derechos laborales, medioambiente o fiscalidad.
En caso de no alcanzar un acuerdo, Reino Unido pasaría a gobernarse por la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dice el texto, que recuerda asimismo que en ningún caso el gobierno prorrogará el plazo previsto de negociación bilateral, que concluye el 31 de diciembre.
Este anunció bastó para hacer caer la libra un 1% frente al euro.
Y llevó a la Comisión Europea a subrayar que "ha anticipado la posibilidad" de un fracaso de las negociaciones "y continúa preparándose a ello".
Sin embargo, "es demasiado pronto para prejuzgar el resultado de las negociaciones que empezarán el lunes", dijo la portavoz comunitaria Dana Spinant.
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Una ruptura de la negociación equivaldría al temido escenario de un brexit sin acuerdo, que los círculos empresariales británicos denunciaron con vehemencia durante los meses de caos político previos al divorcio debido a sus caóticas consecuencias económicas.
Diputados de la oposición británica criticaron también el jueves la intención de Londres de abandonar el sistema de mandato de detención europeo, que permite el rápido traslado de sospechosos.
El ejecutivo quiere instaurar en su lugar un sistema de extradición acelerado como el que tienen Noruega e Islandia.
Con la fuerza que le otorga la aplastante mayoría legislativa conseguida en las legislativas de diciembre , Johnson está determinado a cumplir su promesa de completar el proceso a finales de 2020, sin ampliar el periodo transicional.
Durante dicha transición, que comenzó el 1 de febrero, nada cambia sustancialmente para permitir a empresas y administraciones adaptarse a la nueva situación y a las dos partes negociar las reglas de su nueva relación en materia de comercio, seguridad y defensa.
El acuerdo de divorcio permite ampliar una vez el período por un máximo de dos años, pero para ello las partes deberían acordarlo en junio.
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Una de las principales manzanas de la discordia entre Londres y Bruselas es la pesca: la UE quiere "mantener el acceso recíproco" a las aguas territoriales, pero esta exigencia es difícil de aceptar para el Reino Unido que prometió convertirse de nuevo en un "estado costero independiente" a finales de año.
Así, los británicos quieren negociar anualmente el acceso a sus aguas con la UE.
Las líneas maestras de la negociación con la UE fueron adelantadas a principios de febrero por Johnson en un discurso ante embajadores y empresarios en el que expresó su deseo de alcanzar un pacto que no se sometiera a las regulaciones comunitarias.
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Según algunos analistas, la intención de Londres de no aceptar como referencia la normativa comunitaria podría entrar en conflicto con los compromisos adquiridos en la Declaración política asociada al acuerdo de retirada de la UE firmado en 2019 y que permitió la salida del país del bloque el pasado 31 de enero.
Al presentar el pasado martes su posición, el negociador jefe comunitario, Michel Barnier, hizo hincapié en la necesidad de asegurar una equivalencia de estándares o reglas del juego (con los de la UE como referencia) para asegurar una competencia justa entre las dos partes.
Con información de AFP y EFE
