(Expansión) – Los cambios a la política energética en México han traído incertidumbre jurídica y desaliento para las inversiones de la iniciativa privada.
Esta situación ha generado una ola de amparos, algo que no se veía desde hace mucho tiempo.
Los juzgados especializados en competencia económica han otorgado suspensiones definitivas contra algunas disposiciones que han emitido las autoridades, las cuales modifican lo previamente establecido.
Estas suspensiones definitivas impiden que las nuevas disposiciones entren en vigor, y esto seguirá así hasta que se emitan las sentencias de los juicios.
Recuerdo que en la anterior Administración federal no se presentaron tantos amparos, excepto el litigio –que duró casi todo el sexenio– en contra de la imposición del arancel a la importación de paneles solares.
Dicho arancel finalmente se logró vencer en juicio, aunque la sentencia emitida resultó parcialmente aplicada, con lo cual el tema aún sigue dirimiéndose en el tribunal.
Durante la actual Administración se han presentado amparos contra disposiciones emitidas por la Secretaria de Energía (Sener), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las cuales modifican conceptual y estructuralmente al sector energético mexicano.
Las empresas también tienen otras vías supranacionales para proteger sus inversiones, como las contenidas en los capítulos de protección de inversiones -investor state dispute settlement- dentro de los tratados comerciales que México tiene firmados con diversos países, o la vía del arbitraje internacional.
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Es lamentable que México, con tantas necesidades de inversión, no esté respetando las reglas previamente establecidas para la construcción de proyectos energéticos.
Es decir, se están cambiando las reglas del partido durante el partido, siendo el Estado mexicano dueño de la pelota y la cancha, y teniendo influencia sobre los árbitros.
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Igualmente es crucial que para el desarrollo eficaz del sector, los órganos reguladores ejerzan la autonomía otorgada en las leyes de la materia.
Cualquier cambio en ello tendría que pasar forzosamente por las cámaras legislativas.
En la mayoría de los países más avanzados y con economías más fuertes, los órganos reguladores juegan un papel fundamental para el desarrollo de los sectores industriales, y son completamente autónomos en cuanto a sus decisiones.
La vocación natural de los reguladores es proteger al usuario final con servicios de calidad y a los mejores precios posibles, propiciar la sana competencia con reglas equitativas, y asegurar un crecimiento en los servicios y productos que satisfaga las necesidades de la demanda.
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Recientemente se dio a conocer un Memorándum emitido –al parecer– por la Presidencia de la Republica, en el cual se establece la nueva visión del sector energético y las directrices para su cumplimiento; de igual forma trascendió que hubo una reunión entre la Presidencia y los reguladores.
Si lo que se busca actualmente es favorecer o proteger a los monopolios estatales –como se hacía hace décadas–, pues entonces en este nuevo esquema los órganos reguladores no pueden funcionar adecuadamente, y se convierten en un cuello de botella para el desarrollo eficiente del sector energético.
De igual forma, hace unos días la iniciativa privada y el Gobierno federal presentaron de manera conjunta el Plan de Inversión en Infraestructura, el cual quedó corto toda vez que no se incluyeron proyectos eléctricos y, lo que es peor, tampoco se contemplaron proyectos de energías renovables.
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Es decir, estamos yendo en sentido contrario a lo que están haciendo los países más desarrollados en materia de combate al cambio climático y la descarbonización.
México tiene un gran potencial energético y una creciente demanda anual de energía, sin embargo, con esta nueva visión energética pagaremos un alto costo de oportunidad.
Sigo creyendo que se necesita un diálogo entre la autoridad y la iniciativa privada para encontrar espacios de entendimiento, los cuales le permitan al país seguir creciendo con certidumbre jurídica y seguridad en las inversiones.
Nota del editor: Israel Hurtado es abogado especialista en energía y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE). Fue Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía y Comisionado en la Comisión Reguladora de Energía. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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