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De Minneapolis a Madrid. Dos procesos a contracorriente

Minneapolis es un laboratorio para el mal que ha resultado un ensayo de la resistencia civil que comienza a generar grietas en una política migratoria que se creía inamovible.
lun 16 febrero 2026 06:00 AM
Agentes federales matan a tiros a un hombre en Minneapolis y desatan protestas
La gente rinde homenaje cerca del lugar donde un hombre fue asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Dos asesinatos son representativos de la política de terror aplicada por la administración Trump a las y los migrantes asentados en Estados Unidos. Alex Pretti y Renee Good no eran inmigrantes indocumentados, eran anglosajones nativos de la Unión Americana, lo que indica que la represión no va sólo contra la inmigración, sino contra todos aquellos que se oponen a la ilegalidad, las acciones arbitrarias y el miedo. Irónicamente la apuesta trumpista por generar una división social y fortalecer la legitimidad de sus acciones contra las poblaciones inmigradas ha logrado exactamente lo contrario: ha construido un puente sólido de comunidad entre los inmigrantes y amplias comunidades blancas que ven en Trump un peligro para su seguridad. Minneapolis es un laboratorio para el mal que ha resultado un ensayo de la resistencia civil que comienza a generar grietas en una política migratoria que se creía inamovible.

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Por supuesto el aviso de Minneapolis no es un guion concluido. Si la inmigración ha sido una fuente de rentabilidad política-electoral, es improbable que la actual administración abandone la agenda. En cualquier caso, se verá obligado a matizar, reorientar sus acciones de deportación, especialmente por dos razones:

a) el contagio que puede generar en otros estados que como Minneapolis, ensayen métodos de resistencia civil y el fortalecimiento de su organización de base que construya otros puentes de comunidad entre blancos, latinos y otros grupos que minen una legitimidad cada vez menos sólida en torno a la política migratoria;
b) la reconstrucción de bases de trabajo que reduzcan la pérdida de aceptación pública de cara a las próximas elecciones de noviembre, que pueden hacer perder la mayoría de Trump en el legislativo. Un escenario de estas características sería un golpe grave a las políticas actuales.

Del otro lado del Atlántico, se ha presentado un escenario inédito e inesperado. El gobierno del cuestionado Pedro Sánchez en España ha lanzado un decreto para regulariza a una cantidad cercana a las 500,000 personas. Esta iniciativa se presenta por razones básicamente espurias: existe un esfuerzo desesperado por recuperar unas bases de apoyo que lo tienen en un estado de permanente chantaje por parte de partidos políticos, y que han hecho de la extorsión un método eficaz para fortalecer sus proyectos.

La tragedia de los trenes en Adamuz, las acusaciones de corrupción en su entorno familiar; los juicios a colaboradores cercanos a su administración y la permanente dependencia política de personajes prófugos de la justicia, hace que la propuesta de regularización migratoria sea vista como un recurso para desviar la atención de los problemas que lo acosan.

Sin embargo, aunque la razón de este decreto esté contaminada por intereses de poder, el fundamento está por encima de cualquier otro razonamiento: se trata de una acción que saca de las sombras a miles de seres humanos, que les concede la posibilidad de pertenecer a la comunidad española, que les da la oportunidad de aportar su esfuerzo, sus impuestos, su mano de obra y su fortaleza a una sociedad española envejecida, que requiere urgentemente una inyección de juventud venga de donde venga.

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Más allá de la razón y del uso electorero que le están dando los partidos mayoritarios y de unas afirmaciones de partidos racistas que avergüenzan por su miseria argumentativa, la realidad es que esta iniciativa puede generar una reacción que puede abrir espacios de debate sobre la necesidad de retomar las acciones de recuperación de la dignidad de las poblaciones inmigradas.

Hoy por hoy la marca España debería ser la defensa por los derechos humanos. Ojalá los actores políticos españoles asuman el reto de estar a la altura de la responsabilidad que se les presenta.

Se trataría de un hecho que avanzaría a contracorriente de lo que Estados Unidos trata de generalizar en el mundo y que fortalecería el laboratorio social que ya ensaya Minneapolis.

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Nota del editor: Javier Urbano Reyes es profesor e investigador en el Departamento de Estudios Internacionales (DEI) en la Universidad Iberoamericana (UIA), académico de la Maestría en Estudios sobre Migración en el DEI-UIA. Escríbele a javier.urbano@ibero.mx Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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