La inversión y el consumidor en riesgo
La regulación impuesta tiene como objetivo evitar que el ex monopolio de Pemex abuse de su poder de mercado al desplazar a los nuevos competidores en mercados, y transferir sus ineficiencias en mayores costos al consumidor, dice Alexander Elbittar, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“Mucha de esta regulación la había impuesto la misma CRE de mutuo propio, porque antes eran más pro competencia. Pero este ya no parece el caso. Parece más bien una suerte de captura regulatoria”, comenta Elbittar. El regulador sectorial vivió una renovación casi total este año, donde cinco de sus seis comisionados actuales fueron electos en 2019, y con la entrada de altos funcionarios con un pasado reciente ligado a Pemex, CFE o la Secretaría de Energía (Sener).
Las decisiones de la CRE pueden detonar que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) lance recomendaciones o incluso investigaciones para imponer nueva regulación en contra de Pemex, considera Bernardo Cortés, asociado del despacho Dentons López Velarde.
“Legalmente hablando la Cofece sí debería actuar cuando se presente la práctica anticompetitiva derivado de estas decisiones de la CRE”, señala el especialista.
La Cofece ha manifestado su preocupación por las acciones de la CRE sin especificar si tomará alguna medida, en especial, por la decisión de dejar sin efectos un acuerdo que obligaba a Pemex a una serie de acciones para evitar un trato discriminatorio en la aplicación de descuentos a las estaciones de servicio.
La administración actual ha demostrado durante todo este año que busca apoyar a los ex monopolios estatales no sólo a través de la regulación, sino también con medidas como la suspensión de las rondas petroleras y de las subastas para instalar nuevas centrales de generación eléctrica con tecnologías limpias, dice Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.
“Este gobierno entiende la rectoría del Estado a través del control de todo, y ahí puedes rastrear todas las decisiones como la sumisión de los organismos reguladores donde se prioriza la lealtad al gobierno que la capacidad técnica”, comenta el analista.
La administración de López Obrador ha volcado el presupuesto de la federación a priorizar la inversión de Pemex y CFE en temas como la producción de petróleo, o la generación eléctrica; limitando la participación privada a los contratos de servicios bajo control de las dos empresas estatales.
Pemex ejercerá más de 330,000 mdp en inversión física durante el 2020, y CFE casi 50,000 mdp, según datos de Hacienda. La Secretaría de Energía guarda más de 40,000 mdp que se destinarán a Pemex.
Los especialistas destacan que si bien el gobierno no ha modificado el texto constitucional en materia energética, estas medidas muestran que pueden frenar de facto lo dispuesto en la Reforma Energética.
“Creo que aquí se revela la falla fundamental de 2013 donde no terminaron de abrir los espacios a la inversión privada sin la anuencia del gobierno en turno”, dice Monroy.
Pemex tiene el objetivo de revertir la caída de su producción petrolera que, este año, apunta a acumular 15 años de descensos anuales; mientras que la CFE quiere acaparar el 54% del mercado de la generación eléctrica.
